"Guaraz le realizaba propuestas de índole sexual y la controlaba"

Duros señalamientos de la querella contra el exjefe comunal de Santa Rosa. Esta semana, el debate.

Desde la querella indicaron que el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, le hacía propuestas de "índole sexual" a Shirli Claribel Cordero, la mujer que lo llevó al banquillo de los acusados, esta vez por el delito de abuso de autoridad. Así lo manifestó la abogada querellante, Natalia Páez Vaca, quien representa a Cordero en el proceso judicial.

En la oportunidad, en diálogo con la prensa, Páez Vaca destacó que a Cordero "le clausuraron el local, la hostería, porque el intendente (por Guaraz) le realizaba propuestas de índole sexual, y ella no aceptaba esas propuestas".

Según manifestó la letrada, Guaraz también tenía "insinuaciones amorosas" para con Cordero, a quien "invitaba a salir, a viajar" y "le decía que la podía amar mucho".

Páez Vaca, además, remarcó que Guaraz "la controlaba mediante mensajes y, como ella no accedía a sus intenciones, entonces le clausuró el local". La abogada querellante hizo énfasis en que la conducta de Guaraz "tuvo consecuencias" en Cordero porque "ella tuvo que emigrar, tuvo que irse a otra provincia porque estaba viendo que acá no iba a poder prosperar nunca porque él no le permitía mantener abierto el local. Decidió irse a vivir a otro lugar donde reside actualmente. Fue un cambio total de vida para ella", dijo.

Por último, consideró que "el delito está bastante probado".

El segundo juicio en contra de Guaraz fue reprogramado. El arranque estaba previsto para el jueves de la semana pasada. El inicio no se pudo concretar puesto que el exjefe comunal designó nuevos abogados defensores: Jorge Bracamonte (H) y Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo del letrado Luciano Rojas. Ante esta situación, el comienzo del debate se trasladó para el 22 de octubre de este año.

Este margen de tiempo le permitirá a la nueva defensa de Guaraz conocer el expediente y las pruebas que serán tratadas durante el juicio. La imputación contra Guaraz se encuadra formalmente en la figura de abuso de autoridad en calidad de autor, contemplada en los artículos 248 y 45 del Código Penal.

La acusación fiscal sostiene que el imputado utilizó atribuciones propias de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.

Esta causa se inició por lo sucedido en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta.

El expediente sostiene que Guaraz, en su función de intendente, rubricó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para decretar el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento "San Antonio", administrado por Shirli Claribel Cordero. Según la investigación judicial, el exjefe comunal impidió que la dueña abonara las tasas tributarias adeudadas mediante el bloqueo de las vías administrativas locales para forzar la irregularidad del comercio. De acuerdo con las actuaciones de la instrucción, el mecanismo utilizado consistió en impedir intencionalmente que la propietaria del establecimiento pudiera cancelar sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales.

Tras bloquear los canales administrativos ordinarios para la regularización de las deudas, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial.