Impacto difícil de calcular

Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa.

El informe anual de Greenpeace Argentina, más actualizado pues se refiere a desmontes ocurridos en 2024, ofrece una radiografía que debería alarmar a cualquier gobierno con responsabilidad ambiental.

Durante ese año se desmontaron 119.886 hectáreas de bosques nativos en el norte del país: 54.123 en Santiago del Estero, 39.182 en Chaco, 15.069 en Formosa y 11.512 en Salta.

En total, casi 150.000 hectáreas de bosque nativo desaparecieron en 2024, el equivalente a unos 210.000 campos de fútbol, y un 10% más que el año anterior.

Catamarca no es la provincia con mayor tasa de deforestación en el norte, pero tampoco es territorio ajeno a este proceso.

Solo en 2023 se perdieron 1.081 hectáreas de bosque nativo en el departamento La Paz, 258 en El Alto y 116 en Santa Rosa, según el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación.

Vecinos autoconvocados del departamento Santa Rosa denunciaron que permisos de desmonte se otorgaron sin cumplir todos los pasos que establece la Ley de Bosques, como la consulta popular para evaluar el impacto ambiental.

Sus principales preocupaciones eran las posibles inundaciones que pueden causar la deforestación y las enfermedades generadas por los agroquímicos utilizados en los campos.

El problema estructural no es la ausencia de leyes sino su sistemático incumplimiento.

La Ley de Bosques, promulgada en 2009, establece que cada cinco años deben actualizarse las zonas a proteger.

Pero en Chaco la Justicia provincial suspendió los desmontes desde 2020 ante la falta de actualizaciones en su ordenamiento territorial, y aun así el desmonte continuó.

En Santiago del Estero, el 80% de la deforestación se produjo en categorías protegidas por la ley.

Las consecuencias de esta depredación van mucho más allá de los árboles derribados.

Los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representan el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

Más deforestación significa, en consecuencia, mayor contribución argentina a la crisis climática global, mayor vulnerabilidad hídrica en regiones ya castigadas por la sequía, y más inundaciones en las zonas bajas.

Lo que resulta particularmente preocupante es el contexto político en que se produce esta aceleración.

A través del Consejo de Mayo, la gestión de Javier Milei propuso cambios a dos leyes claves en la protección de bosques nativos: la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.

El cambio clave consiste en permitir el desmonte total en la categoría III -verde- sin pasar por ninguna evaluación de impacto ambiental.

Si esas modificaciones prosperaran, lo que hoy constituye una violación de la ley se convertiría en un derecho.

Revertir el proceso de deforestación del norte argentino, que tiene un impacto difícil de calcular, requiere de financiamiento efectivo del Fondo Nacional de Bosques, penalización penal -y no meramente administrativa- de los desmontes ilegales, y una actualización de los ordenamientos territoriales que no retroceda en la superficie protegida.